Cuando quienes protegen matan

En la década de los noventa del siglo pasado, específicamente en 1993, la gran pantalla estrenó la película En el nombre del padre, protagonizada por Daniel Day-Lewis y dirigida por Jim Sheridan. Basada en hechos reales, narra la historia de Gerry Conlon, un joven irlandés condenado injustamente por un atentado terrorista, quien comparte prisión con su padre, Giuseppe Conlon, también víctima de una grave injusticia. La muerte del padre en cautiverio convierte la lucha del hijo por demostrar la verdad en un símbolo de la resistencia del individuo frente al inmenso poder del Estado.

La angustia del protagonista por la pérdida irreparable de su padre se construye ante los ojos del espectador como si se tratara de su propia lucha, de una odisea en la que las fuerzas que determinan el destino del héroe recuerdan las antiguas tragedias griegas. El enfrentamiento entre un ciudadano indefenso y un aparato estatal que parece invencible evoca, inevitablemente, la lucha entre David y Goliat. Semejante atropello parece pertenecer únicamente al terreno de la ficción debido a lo ominoso de su esencia.

Pero no. Lo cierto es que esta realidad resulta mucho más frecuente de lo que el séptimo arte alcanza a comunicar. La cámara condensa en dos horas el sufrimiento que miles de personas soportan durante toda una vida. En ese sentido, una metáfora mucho más cercana a nuestra realidad es la película dominicana La lucha de Ana, protagonizada por Cheddy García. En ella, una madre enfrenta el asesinato de su hijo y emprende una búsqueda desesperada de justicia en un sistema que parece incapaz de ofrecérsela. La ficción, en este caso, se aproxima peligrosamente a la realidad dominicana.

Sin embargo, la realidad suele superar cualquier posibilidad metafórica que pueda ofrecer el cine. Lo más alarmante es que no hace falta salir de la República Dominicana para advertirlo. Basta recorrer las páginas de los diarios de circulación nacional para encontrar, con preocupante frecuencia, crónicas de ciudadanos que pierden la vida a manos de agentes del orden en circunstancias que posteriormente generan serios cuestionamientos. Detrás de cada titular hay una familia condenada al duelo y a la incertidumbre, mientras las investigaciones avanzan con una lentitud que rara vez logra aliviar el dolor de los deudos.

Al momento de escribir estas líneas, uno de los casos que ha conmovido a la opinión pública es el del joven de diecinueve años Darlin Enmanuel Mercado Reyes, quien murió por un disparo realizado por un agente policial fuera de servicio. De acuerdo con las informaciones difundidas por los medios de comunicación, el hecho ha suscitado profundas interrogantes sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad de los agentes y la necesidad de que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes.

Más allá de este caso particular, la reiteración de hechos semejantes plantea una preocupación que trasciende a las víctimas directas. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede una sociedad sentirse plenamente segura cuando quienes tienen el deber de protegerla aparecen involucrados, una y otra vez, en episodios que terminan con la pérdida de vidas humanas? A esta inquietud se suma otra no menos importante: ¿qué criterios de selección, formación, evaluación psicológica y supervisión permanente rigen el ingreso y la permanencia de quienes integran los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley?

Como en la película antes mencionada, hoy son muchos los padres y las madres que inician un doloroso periplo en el nombre del hijo, reclamando justicia. La respuesta institucional suele consistir en el apresamiento del agente involucrado y en el anuncio de una investigación. Pero cabe preguntarse: ¿puede alguna medida devolver la vida al joven que ha muerto? ¿Existe reparación posible para unos padres cuya existencia ha quedado marcada para siempre por una pérdida irreparable?

Las preguntas continúan acumulándose mientras otras familias enfrentan tragedias semejantes. Las crónicas policiales parecen repetirse con una frecuencia inquietante, hasta el punto de generar en la ciudadanía un sentimiento de incertidumbre y temor. El miedo deja de provenir únicamente de la delincuencia para extenderse, también, hacia quienes tienen el deber constitucional de garantizar la seguridad pública.

Todo ello alimenta un profundo pesimismo. Muchos dominicanos llegan a sentir que viven desprotegidos en su propia tierra, como si la justicia fuera una promesa siempre aplazada y el ciudadano común tuviera que enfrentarse, una vez más, a un Goliat descomunal cuyo poder parece escapar a todo control. Una democracia auténtica no puede acostumbrarse a esa sensación de indefensión. El Estado tiene la obligación irrenunciable de garantizar que toda muerte provocada por un agente del orden sea investigada con independencia, transparencia y rigor, no solo para sancionar a los responsables cuando corresponda, sino también para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones llamadas a protegerla. Solo entonces la justicia dejará de ser una aspiración para convertirse en una realidad.