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Bien, lo primero es que el concepto de dignidad humana resulta un tanto metafísico. Sería conveniente definirlo, aunque no tenemos tiempo para hacerlo en este momento.
Se sustancializa con mucha frecuencia el concepto dignidad humana como si fuera una realidad operatoria, es decir, como si se tratara de algo que pudiéramos tocar o manipular y que tuviera una existencia independiente en algún lugar determinado, cuando, de hecho, no es así.
Es una construcción a la que el ordenamiento jurídico dominicano o las normas internacionales pueden dar sustento. En este sentido, el respeto a la dignidad consiste en la garantía de derechos básicos, como el derecho a la vida, y en la prohibición de maltratar, golpear o someter a una persona a tratos degradantes.
Eso es lo que se entiende por dignidad, al menos conforme a la concepción promovida por la ONU. Ahora bien, cada Estado posee soberanía. Si se trata de un Estado nacional, ejerce su propia soberanía, establece sus normas migratorias y tiene la obligación de proteger sus fronteras, su territorio, sus recursos básicos y los bienes estratégicos de la nación.
Cuando una nación política no logra proteger sus bienes estratégicos, puede producirse, con el paso del tiempo, su colapso. Gustavo Bueno, creador del materialismo filosófico, escuela con la que nos identificamos, ha sostenido que la misión de una sociedad política consiste en mantener la eutaxia del Estado.
La eutaxia del Estado se refiere a la conservación y continuidad de sus instituciones. Por tanto, si una nación se gobierna exclusivamente por razones humanitarias, éticas o morales, apelando a la dignidad humana y a otros principios considerados absolutos, pero carentes de sustancia operatoria independiente, podría ponerse en peligro la estabilidad de la propia nación.Porque debo decirte, Flete —y tú lo sabes—, que una nación política no surge de la nada. Se constituye históricamente en lucha frente a terceros que pretenden ocupar el territorio que tú o tus antepasados han conquistado y preservado.
Si los dominicanos del presente no están en condiciones ni tienen la disposición de defender su territorio, incluso mediante la fuerza física cuando sea necesario, frente a terceros que pretendan apropiarse de nuestros recursos, corremos el riesgo de perder la nación.
La pregunta plantea si la dignidad humana de un migrante debe estar por encima de las leyes fronterizas. Yo diría que, en principio, la dignidad humana debe ser respetada. Sin embargo, esto no elimina el derecho del Estado a detener a una persona que haya ingresado irregularmente, garantizar que no sea maltratada, golpeada ni mantenida en condiciones indignas y, posteriormente, devolverla a su país de origen.
Preservar nuestro territorio y realizar una repatriación no significa necesariamente vulnerar la dignidad humana. Esto es lo que, en términos generales, ha procurado hacer el Estado dominicano, aunque considero que debió actuar con mayor firmeza.
La República Dominicana posee una frontera de casi 292 kilómetros, por lo que debe impedir que continúen ingresando ciudadanos haitianos y personas de otras nacionalidades sin ningún tipo de regulación. Un país puede permitir la entrada de extranjeros y debe mantenerse abierto a recibirlos, pero únicamente en la medida en que pueda regular su ingreso, integrarlos y asumir las consecuencias económicas y sociales de su presencia.
No podemos, amparados exclusivamente en el discurso de la dignidad humana y en la afirmación de que todas las personas tienen derecho a vivir donde deseen, asumir la carga económica y social correspondiente a otra nación. Esto resulta especialmente problemático en el caso de Haití, una nación que atraviesa un proceso de franco deterioro y disolución institucional.
La inmigración ilegal también es considerada una amenaza contra la seguridad nacional porque arrastra en sus entrañas riesgos sanitarios (propagación de enfermedades contagiosas que están bajo control), de criminalidad (grupos mafiosos organizados se aprovechan para traficar drogas, armas y personas) y desbordamiento del presupuesto por la ssturación de los servicios públicos e incrementa el problema social de los «apatridas», que a mediano plazo se convertirá en un dolor de cabeza sociopolitico.
Muchas gracias, Faustino Medina. Coincido con usted en un punto esencial. El problema no se reduce a la existencia de migración irregular, sino a la incapacidad del Estado para ejercer de manera efectiva el control de sus propias fronteras. También tiene que ver con la manera pasiva en que nosotros hemos aceptado la presencia de haitianos ilegales en nuestros espacios
Saludos. Estoy de acuerdo con el planteamiento del profesor Eulogio Silverio. Rep. Dom. debe defender su territorio de cualquier migración irregular. Sin embargo, el Estado no es eficiente en ese diligencia. Lo que produce un desorden migratorio y en ese escenario aparecen los negociadores que se hacen ricos traficando con personas.