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Este texto es una transcripción de la entrevista que me realizó el Dr. José Flete Morillo sobre el tema: «Republica Dominicana: derechos humanos y migración haitiana», para el canal de Generatio Nova Univérsitas.
Dr. José Flete Morillo
–¿Está la dignidad del migrante por encima de la soberanía fronteriza?
Prof. Eulogio Silverio
Bien, lo primero es que el concepto de dignidad humana resulta un tanto metafísico. Sería conveniente definirlo, aunque no tenemos tiempo para hacerlo en este momento.
Se sustancializa con mucha frecuencia el concepto dignidad humana como si fuera una realidad operatoria, es decir, como si se tratara de algo que pudiéramos tocar o manipular y que tuviera una existencia independiente en algún lugar determinado, cuando, de hecho, no es así.
Es una construcción a la que el ordenamiento jurídico dominicano o las normas internacionales pueden dar sustento. En este sentido, el respeto a la dignidad consiste en la garantía de derechos básicos, como el derecho a la vida, y en la prohibición de maltratar, golpear o someter a una persona a tratos degradantes.
Eso es lo que se entiende por dignidad, al menos conforme a la concepción promovida por la ONU. Ahora bien, cada Estado posee soberanía. Si se trata de un Estado nacional, ejerce su propia soberanía, establece sus normas migratorias y tiene la obligación de proteger sus fronteras, su territorio, sus recursos básicos y los bienes estratégicos de la nación.
Cuando una nación política no logra proteger sus bienes estratégicos, puede producirse, con el paso del tiempo, su colapso. Gustavo Bueno, creador del materialismo filosófico, escuela con la que nos identificamos, ha sostenido que la misión de una sociedad política consiste en mantener la eutaxia del Estado.
La eutaxia del Estado se refiere a la conservación y continuidad de sus instituciones. Por tanto, si una nación se gobierna exclusivamente por razones humanitarias, éticas o morales, apelando a la dignidad humana y a otros principios considerados absolutos, pero carentes de sustancia operatoria independiente, podría ponerse en peligro la estabilidad de la propia nación. Porque debo decirte, Flete —y tú lo sabes—, que una nación política no surge de la nada. Se constituye históricamente en lucha frente a terceros que pretenden ocupar el territorio que tú o tus antepasados han conquistado y preservado.
Si los dominicanos del presente no están en condiciones ni tienen la disposición de defender su territorio, incluso mediante la fuerza física cuando sea necesario, frente a terceros que pretendan apropiarse de nuestros recursos, corremos el riesgo de perder la nación.
La pregunta plantea si la dignidad humana de un migrante debe estar por encima de las leyes fronterizas. Yo diría que, en principio, la dignidad humana debe ser respetada. Sin embargo, esto no elimina el derecho del Estado a detener a una persona que haya ingresado irregularmente, garantizar que no sea maltratada, golpeada ni mantenida en condiciones indignas y, posteriormente, devolverla a su país de origen.
Preservar nuestro territorio y realizar una repatriación no significa necesariamente vulnerar la dignidad humana. Esto es lo que, en términos generales, ha procurado hacer el Estado dominicano, aunque considero que debió actuar con mayor firmeza.
La República Dominicana posee una frontera de casi 292 kilómetros, por lo que debe impedir que continúen ingresando ciudadanos haitianos y personas de otras nacionalidades sin ningún tipo de regulación. Un país puede permitir la entrada de extranjeros y debe mantenerse abierto a recibirlos, pero únicamente en la medida en que pueda regular su ingreso, integrarlos y asumir las consecuencias económicas y sociales de su presencia.
No podemos, amparados exclusivamente en el discurso de la dignidad humana y en la afirmación de que todas las personas tienen derecho a vivir donde deseen, asumir la carga económica y social correspondiente a otra nación. Esto resulta especialmente problemático en el caso de Haití, una nación que atraviesa un proceso de franco deterioro y disolución institucional.
Hola.
Muy buena tu postura, distinguido Eulogio.
Buenas noches Mtro. Eulogio, me parece interesante el artículo y tu preocupación por la defensa de la soberanía nacional. La dignidad de la persona humana no es un blindaje para permitir que las personas actúen medalaganariamente, en contradicción con las normativas establecidas en la nación en la que desee vivir o emigrar.
La dignidad de la persona humana es la condición que hace que la persona sea digna de lo que desea, quiere o solicita conforme a los valores establecidos. En este sentido si las personas no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución de nuestra amada República, pues no tienen ningún derecho a que se les permita permanecer en el país.
Estoy de acuerdo en que el respeto a la dignidad de la persona conlleva a darles un buen trato en todos los sentidos hasta que se les ayude a regresar al país de origen.
Gracias por compartir este interesante artículo
Estamos de acuerdo, maestro Fernando Peña.
Como nación debemos ser solidarios con nuestros vecinos haitianos, venezolanos o cubanos, pero jamás puede ser sobre la base de permitir que entren de manera ilegal y sin ningún tipo de control.
Nuestra solidaridad debe estar dirigida a que ellos puedan alcanzar condiciones de vida dignas en sus respectivas naciones, no trasladando sus problemas a la República Dominicana, que es una nación con sus propios problemas, pues ello terminaría afectando los legítimos intereses de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
Muchas gracias, Faustino Medina. Coincido con usted en un punto esencial. El problema no se reduce a la existencia de migración irregular, sino a la incapacidad del Estado para ejercer de manera efectiva el control de sus propias fronteras. También tiene que ver con la manera pasiva en que nosotros hemos aceptado la presencia de haitianos ilegales en nuestros espacios
La inmigración ilegal también es considerada una amenaza contra la seguridad nacional porque arrastra en sus entrañas riesgos sanitarios (propagación de enfermedades contagiosas que están bajo control), de criminalidad (grupos mafiosos organizados se aprovechan para traficar drogas, armas y personas) y desbordamiento del presupuesto por la ssturación de los servicios públicos e incrementa el problema social de los «apatridas», que a mediano plazo se convertirá en un dolor de cabeza sociopolitico.
Estamos de acuerdo, José Luis, en que la inmigración ilegal, cuando supera la capacidad de control del Estado, se convierte en un problema que genera grandes riesgos sanitarios, criminalidad organizada y presión sobre los servicios públicos. El problema de la apatridia, en el caso de los haitianos en la República Dominicana, no puede ser abordado desde la noción abstracta de humanidad.
La nacionalidad, en el caso dominicano, no deriva del nacimiento en el territorio, sino de normas jurídicas concretas, producto de nuestra realidad social e histórica.
Esa acusación de apatridia está hecha para usarse como bandera contra la nación dominicana, con la pretensión de forzar naturalizaciones de los invasores haitianos. En eso no podemos perdernos.
Saludos. Estoy de acuerdo con el planteamiento del profesor Eulogio Silverio. Rep. Dom. debe defender su territorio de cualquier migración irregular. Sin embargo, el Estado no es eficiente en ese diligencia. Lo que produce un desorden migratorio y en ese escenario aparecen los negociadores que se hacen ricos traficando con personas.
Muchas gracias, Faustino Medina. Coincido con usted en un punto esencial. El problema no se reduce a la existencia de migración irregular, sino a la incapacidad del Estado para ejercer de manera efectiva el control de sus propias fronteras. También tiene que ver con la manera pasiva en que nosotros hemos aceptado la presencia de haitianos ilegales en nuestros espacios