
Dr. José Flete Morillo
—¿Es ético limitar el acceso a la salud o a la educación de un migrante para priorizar a los ciudadanos locales?
Prof. Eulogio Silverio
Esa es una pregunta que, en una nación política, no debe hacerse porque es una pregunta ética. Tú dices que es ética y, como ética, uno diría: bueno, ¿debemos negarle el recurso de salud a una persona que llegue a una clínica o a un hospital?
En principio, no; éticamente, no. Pero siempre hemos dicho que una nación política no se puede gobernar atendiendo a las normas éticas y morales, sino por normas de carácter político. Y, en este caso, la nación política dominicana tiene por obligación preservar el derecho de sus propios ciudadanos, que son los que pagan los impuestos, frente al derecho a la salud y a la educación de un extranjero ilegal.
Nunca puede estar por encima de un ciudadano el derecho a la salud, a la educación o a cualquier otro servicio de un extranjero ilegal, que es el que lo paga esos servicios. Entonces, yo sé que los comunistas, los que viven de las ONGs y que todavía promueven ese sueño profundo de un socialismo utópico que nunca se va a realizar, porque hemos visto en lo que terminó la tragedia socialista, que fueron las ideas que nosotros abrazamos en nuestra juventud, pero, desgraciadamente, la experiencia no ha sido buena.
Yo estuve por Cuba, tú lo sabes. Quise ver con mis propios ojos, como en el cuento aquel de los cuatro ciegos que deseaban ver con sus propias manos cómo era el cuerpo de un elefante, que luego José Martí publicó con el título Un paseo por la tierra de los anamitas. Quise ver con mis propios ojos cómo era la sociedad socialista y, lamentablemente, cuando pude ver el todo, me parece que ha sido una tragedia, que es un fracaso.
Se le atribuye este fracaso al bloqueo norteamericano, que en parte es verdad, pero también a sus propios errores, porque tienen una estupidez terrible. Por eso produce tanta rabia ver que los autodenominados socialistas en República Dominicana están promoviendo la narrativa de que podemos mantener las fronteras abiertas para todos los pobres del mundo. Lo que constituye una sustancialización de la cuestión de los derechos humanos, sustancializar la humanidad como si fuera un ente concreto, que pudiera operar al margen de instituciones históricas.
Existen realidades concretas, como es el hecho de que los recursos no son ilimitados y que las naciones políticas no han aparecido fruto de la naturaleza, sino como producto del enfrentamiento entre grupos que deseaban los mismos recursos.
En ese sentido, el derecho del ciudadano siempre estará por encima del derecho de un inmigrante, sobre todo si es ilegal. No quiere decir esto, Flete, para que quede claro, y para los que viven haciendo críticas sin ningún tipo de criterio, pues ni siquiera entienden lo que uno está diciendo y ya comienzan a criticar.
No quiere decir que, si llega una persona con una situación de salud que requiere cuidados a un hospital público, no se le den los servicios, como el Estado dominicano ha establecido: estabilizarlo, ponerlo en condiciones de que su vida no se ponga en riesgo y devolverlo a su país. Son cosas distintas. Pero jamás en la vida nosotros podemos aceptar que las dominicanas no puedan dar a luz en la maternidad ni en los hospitales públicos dominicanos que pagamos nosotros, porque están llenos de extranjeros que no son ni cata ni garrapata de nosotros, que no nos quieren y, como tú bien has dicho, nos odian, porque a ese colombiano que mencionaste, que estaba grabando un video en Haití, lo iban a matar precisamente porque creían que era dominicano.
Estaba hablando en español y él tuvo que aclarar: «No, no, yo no soy dominicano». Si hubiese sido dominicano, lo linchan, lo linchan, para no decir otra cosa.
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En un enfoque algo más holístico, debieran entrar otros elementos en el análisis de la cuestión, a saber: Los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas (salud, educación, etc., tienen alcance universal, incluyendo a los inmigrantes en cualquier lugar. El concepto más apropiado para llamar a quienes emigran de forma no autorizada debiera ser indocumentados. Decir que los inmigrantes irregulares no pagan impuestos es una verdad a medias, dado que cuanto consumen ya tiene algún tipo de gravamen que pagan indirectamente. Aparte de eso, los aportes de su trabajo en cualquier área productiva forma parte del PIB del país, por consiguiente sí contribuyen al incremento del desarrollo nacional… ¿No se han ganado los servicios que reciben? Por último, es al propio país a quién más le conviene que esa población se eduque y mejore su salud.
Saludos, maestro José Tavárez. El enfoque «holístico» que propone en su comentario no puede consistir en reunir argumentos heterogéneos sin distinguir sus planos. La universalidad de derechos proclamada por las Naciones Unidas, de hecho, no es tal; más bien es una propuesta de carácter ético, por lo que considero que esa declaración no se convierte automáticamente en un derecho.
Como bien usted sabe, para que sean derechos efectivos, requieren su incorporación en las leyes particulares de cada Estado concreto y que este Estado, además, cuente con los recursos necesarios para hacerlos efectivos. La República Dominicana no tiene siquiera los recursos para sus propios ciudadanos y mucho menos para darse el lujo de abrirse al mundo dejando entrar a todos los pobres de otras naciones, como si tuviéramos recursos ilimitados.
Tampoco el rótulo «indocumentado» que propone sustituye siempre a «inmigrante irregular», pues una persona puede poseer documentos de identidad y encontrarse, sin embargo, en situación migratoria ilegal.
Por otro lado, no niego que los trabajadores haitianos pagan impuestos indirectos y que su trabajo puede contribuir al PIB; pero de ello no se puede concluir automáticamente, como usted sugiere, que hayan financiado todos los servicios públicos que finalmente reciben.
Saludos, José Tavárez. Creo que el argumento debe contemplar una distinción fundamental entre la dignidad y los derechos básicos de toda persona, que ciertamente deben respetarse, y la obligación política del Estado dominicano de garantizar prioritariamente los derechos y servicios de sus ciudadanos. Reconocer derechos humanos universales no significa que un Estado esté obligado a asumir ilimitadamente las consecuencias económicas y sociales de una inmigración irregular.
Es cierto que los inmigrantes, incluso quienes se encuentran en situación irregular, pagan impuestos indirectos cuando consumen y que su trabajo contribuye a la producción nacional. Pero de ahí no se desprende automáticamente que esa contribución cubra el costo de los servicios públicos que reciben. Para demostrarlo habría que comparar rigurosamente su contribución fiscal y económica con el gasto público asociado a salud, educación, seguridad, documentación, vivienda y demás servicios. Sin esa comparación, afirmar que «se han ganado los servicios que reciben» es una conclusión que va más allá de las premisas.
Existe, además, una cuestión distributiva que no puede ignorarse. Una parte importante de la mano de obra inmigrante es contratada por empresas y particulares. Cuando el empleador obtiene los beneficios de disponer de esa fuerza laboral, mientras los costos sociales derivados de ella son transferidos al sistema público, puede producirse una socialización de costos y privatización de beneficios. Por eso, el debate no debería limitarse a cuánto aporta el trabajador inmigrante al PIB, sino preguntarse también quién recibe los beneficios económicos de su trabajo y quién termina pagando sus costos sociales.
Tampoco debe confundirse PIB con ingresos fiscales. Que una actividad incremente el PIB significa que genera producción económica, pero no necesariamente que proporcione al Estado recursos equivalentes al costo de los servicios públicos adicionales que demanda. Del mismo modo, pagar ITBIS u otros impuestos indirectos mediante el consumo no equivale necesariamente a realizar la misma contribución fiscal total que una persona plenamente incorporada al sistema tributario y de seguridad social.
En cuanto al término, «indocumentado» e «inmigrante irregular» no son necesariamente sinónimos. Una persona puede poseer documentos de identidad y encontrarse, sin embargo, en situación migratoria irregular. Por ello, «migrante en situación irregular» es una expresión técnicamente más precisa y ampliamente utilizada por organismos internacionales.
Por último, mi estimado maestro, los derechos humanos son universales precisamente porque también corresponden a los dominicanos. El Estado debe respetar la dignidad de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, pero simultáneamente tiene obligaciones específicas hacia su propia población. Cuando los recursos públicos son limitados, garantizar servicios básicos a los ciudadanos más vulnerables no constituye una negación de los derechos humanos de los extranjeros. El problema surge cuando se plantea una falsa alternativa según la cual defender los derechos de los inmigrantes exige relegar las necesidades de los dominicanos.