Los agendatarios

Slavoj Žižek, filósofo esloveno, en Sobre la violencia: seis reflexiones marginales (Paidós, 2009), plantea el problema de una sociedad atravesada por formas de violencia que no siempre se manifiestan de manera directa. Algunas tienen su origen en el discurso y repercuten profundamente en las relaciones interpersonales y sociales. Acaso la violencia discursiva sea una de las más peligrosas, no porque necesariamente emplee términos soeces o despectivos —aunque también puede hacerlo— sino porque suele servirse de un lenguaje atractivo, pacífico e incluso aparentemente inclusivo para promover la división y acentuar precisamente aquellas diferencias a las que afirma oponerse. En este sentido, la violencia puede estar incorporada en el lenguaje y en las estructuras que organizan nuestras relaciones sociales.

Es en este escenario donde aparece la figura del agendatario: aquel que convierte una causa en instrumento de poder y lleva a cabo una agenda no por convicción, sino por conveniencia; no por principios, sino por intereses. Se presenta como defensor de la justicia, de la igualdad, de los desposeídos, de los débiles y de las minorías, pero termina reproduciendo, mediante sus prácticas, algunas de las mismas formas de exclusión que asegura combatir. Su discurso establece privilegios morales para unos y descalificaciones permanentes para otros. Paradójicamente, mantiene en alto la misma bandera de la desigualdad que dice querer derribar.

Desde esa plataforma ideológica, el agendatario procura materializar sus postulados haciendo, precisamente, aquello que critica: acentuar las diferencias para colocar por encima a quienes considera históricamente desfavorecidos. El resultado puede ser un discurso que ya no persigue únicamente la igualdad de derechos, sino que atribuye una suerte de superioridad moral a determinados grupos frente al resto de la sociedad. Así, el orden existente deja de ser objeto de crítica racional y pasa a ser presentado, muchas veces sin mayores matices, como expresión de un sistema opresor, discriminatorio o fascista. 

La contradicción se hace todavía más evidente cuando quienes se autoproclaman “defensores de la democracia” parecen olvidar que esta supone tanto el respeto a la voluntad de la mayoría como la protección de los derechos de las minorías. La democracia no legitima que la mayoría atropelle a la minoría, pero tampoco significa que una minoría pueda imponer sus intereses particulares al conjunto de la sociedad. El absurdo aparece cuando, en nombre de la inclusión, se pretende que la mayoría se someta a los criterios de una minoría que procura convertir sus reivindicaciones particulares en normas obligatorias para todos.

Cuando no logran imponer sus postulados por la vía del convencimiento, algunos recurren a mecanismos de censura o descalificación contra quienes no comparten sus posiciones. Uno de esos mecanismos es el discurso mismo: un lenguaje instrumentalizado que ya no procura debatir las ideas del adversario, sino destruirlo moralmente. No es extraño, entonces, que términos como “xenófobo”, “racista”, “patriarcal”, “machista” o “fascista” emerjan con extraordinaria facilidad en determinados espacios públicos. El problema no reside en esas categorías, pues designan fenómenos reales que deben ser denunciados cuando efectivamente ocurren; aparece cuando se convierten en etiquetas utilizadas para desacreditar al interlocutor antes de examinar sus argumentos.

Esta dinámica encuentra también un escenario privilegiado en las plataformas digitales y en aquellos espacios desde los cuales se administra la circulación del discurso público. La cuestión no consiste en negar la necesidad de establecer límites frente al acoso, las amenazas o las expresiones genuinamente discriminatorias. El problema comienza cuando la frontera entre la protección legítima y la censura ideológica se vuelve difusa y los criterios dejan de aplicarse con la misma severidad a todos los discursos. Quien adquiere la capacidad de decidir qué puede decirse, qué debe silenciarse y cuáles opiniones resultan moralmente aceptables ejerce un poder considerable sobre la configuración del espacio público. La discrepancia puede transformarse entonces en delito moral, y el lenguaje de la inclusión, paradójicamente, en instrumento para excluir al que piensa diferente.

Pero la paradoja alcanza una dimensión todavía mayor cuando determinadas organizaciones, plataformas o individuos que dicen actuar en defensa de los desfavorecidos obtienen beneficios económicos, políticos o simbólicos de las mismas situaciones de desigualdad que aseguran combatir. La contradicción no reside en que quien defienda a los pobres deba necesariamente vivir en la pobreza —semejante exigencia sería absurda—, sino en convertir la pobreza ajena en fuente permanente de beneficio propio.

Es entonces cuando la defensa de los desposeídos corre el riesgo de transformarse en una empresa de la miseria: cuanto más perdurable sea el problema, mayor puede ser la justificación de quienes han hecho de su solución una profesión. La miseria deja de ser únicamente una realidad que debe combatirse y puede convertirse en un recurso que alimenta discursos, financiamientos, posiciones públicas, reconocimiento y espacios de poder. La compasión corre así el riesgo de dejar de ser una respuesta ética ante el sufrimiento humano para convertirse en instrumento de legitimación de intereses particulares.

Con toda naturalidad, desde la comodidad de sus oficinas, ubicadas muchas veces en sociedades que ellos mismos describen como espacios dominados por la xenofobia, la inequidad, el racismo, el fascismo y otras prácticas que califican de autoritarias, escriben extensos discursos reprobatorios contra aquello que han decidido convertir en objeto de su denuncia. Señalan gobiernos, instituciones, pueblos y actores sociales y construyen alrededor de ellos una narrativa que, más que responder a un auténtico principio de justicia, puede terminar convirtiéndose en otro instrumento de la agenda que promueven y por cuya ejecución, directa o indirectamente, reciben beneficios.

Esto no significa que las injusticias no deban denunciarse. Deben ser denunciadas, independientemente de quién las cometa. El problema comienza cuando la indignación se vuelve selectiva: cuando se condena con vehemencia una injusticia mientras se guarda silencio frente a otra semejante; cuando determinados países, gobiernos o sociedades son sometidos permanentemente al escrutinio, mientras otros, donde el abuso y la violación de derechos pueden ser incluso más graves, apenas merecen atención.

Surge entonces una sospecha legítima: ¿se denuncia por fidelidad a un principio ético o porque determinadas causas resultan funcionales a una agenda? Si el principio es verdaderamente universal, la injusticia debería provocar la misma indignación independientemente del lugar, del victimario o de la víctima. Sin embargo, para el agendatario parece existir una diferencia fundamental: hay injusticias que rentan y otras que no.

La pregunta emerge entonces inevitablemente: ¿quién los constituyó en jueces? ¿De dónde procede esa autoridad moral mediante la cual determinan qué sociedad debe ser condenada, qué pueblo debe sentirse culpable, qué causa merece amplificación y cuál puede ser relegada al silencio? La respuesta que ofrece su propia conducta resulta inquietante: su autoridad no siempre procede de la coherencia ética que proclaman, sino del espacio de poder que han construido alrededor de determinadas causas. Es allí donde el oficio corre el riesgo de transformarse en usufructo y la justicia en mercancía; donde la defensa del desposeído puede dejar de ser un fin para convertirse en un medio.

He ahí, finalmente, una de las características esenciales del agendatario: no necesariamente vive para la causa; puede terminar viviendo de ella. Y cuando esto ocurre, la solución definitiva del problema que denuncia encierra una paradoja incómoda: resolverlo significaría también poner en peligro la razón de ser del entramado de intereses que se alimenta de su permanencia. La contradicción queda entonces expuesta: combatir la desigualdad reproduciendo desigualdad; combatir la exclusión mediante nuevas formas de exclusión; proclamar la justicia mientras se usufructúa la injusticia y defender la libertad recurriendo al silenciamiento de la libertad ajena.