Implicaciones históricas del conflicto dominico-haitiano.

Introducción

El presente ensayo es el resultado de la ponencia en el panel sobre, Haití y República Dominicana: «implicaciones ideológicas y culturales de un conflicto», realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, en el año 2005.

Para cualquier cientista social,  abordar el análisis de la problemática dominico-haitiana actual representa un enorme desafío. Esto así por la responsabilidad que implica tomar posición en tomo a un tema cuyo grado de conflictividad lo hace susceptible de generar reacciones impredecibles en sectores  en  los  que,  los  prejuicios  histórico-culturales  han  ganado un espacio respetable.

Por tanto, un intento de aproximación a la objetividad, en el tratamiento del fenómeno, ha de ser el criterio  que paute cualquier  intervención  signada por la sensatez, pues ser complaciente o displicente, no es per sé, la actitud más conveniente ante el abordaje la del problema.

En tal virtud, asumir el análisis relacionado con el diferendo migratorio desde una perspectiva epistémicamente correcta y, por ende sustentable, es lo más aconsejable aprehender  el fenómeno en una dimensión históricocultural objetiva, ajena a los prejuicios y a las pasiones que engendran los nacionalismos fanáticos, contribuiría a identificar soluciones factibles, sin desmedro de los intereses identitarios de dos pueblos, cuyas cosmovisiones de la insularidad, y los derechos en torno a la misma son totalmente distintas. 

1.- Antecedentes coloniales del conflicto insular.

Las prolongadas guerras europeas en las que Francia y España mantuvieron rivalidades por el control de diversos territorios ultramarinos trajeron como consecuencia varios tratados, los cuales repercutieron decisivamente en el destino de sus respectivas colonias en la Isla de la Hispaniola.  Los antecedentes más remotos de que se tiene constancia acerca de los esfuerzos de estas dos naciones europeas para limar asperezas se remontan a la Paz de Nimega en el año 1679 y el Tratado de Ryswick en septiembre de 1697, el cual sella el fin de las guerras europeas y consecuentemente el fin del conflicto insular .

San  Miguel  de  la  Atalaya  es  el tratado  establecido  provisionalmente entre ambas potencias en febrero del año 1776 y que fue ratificado en junio de 1777 en la ciudad española  de Aranjuez. Con el cual quedó resuelto en definitiva el diferendo limítrofe por las posesiones de Saint Domingue y Santo   Domingo.

A  partir de este  momento  se  oficializa la separación territorial correspondiente a  dos pueblos  con caracteres étnico-raciales y étnicos culturales totalmente diferentes, bajo regímenes socio-económicos también distintos: en el Oeste, se implantó el modelo económico azucarero de carácter esclavista, y, en el Este, el modelo ganadero, también de carácter esclavista, aunque ostensiblemente distinto.

2.- Origen histórico del conflicto dominicano-haitiano.

El principio de indivisibilidad de la isla enarbolado por Toussaint Louverture, figura más destacada de la revolución de los esclavos de Saint Domingue contra el colonialismo francés, tuvo grandes repercusiones en las relaciones entre ambos países. Esta concepción provocó una sucesión de intervenciones del vecino país, a la parte Este, que finalmente desembocó en la ocupación de la isla durante 22 años.

Jean Pierre Boyer, dictador haitiano desde 1818 ocupa la parte Este de la isla en 1822; prolongando su mandato dictatorial hasta 1843, en que se produce su derrocamiento. Las medidas impopulares del dictador haitiano no sólo provocaron las luchas patrióticas que lo expulsaron del poder, sino que quedaron heridas que nunca llegaron a cicatrizar; no  obstante haberse producido  ensayos  de solidaridad  importantes, entre ambos pueblos, luego  de finalizada  la guerra separatista,  tales  como,  el apoyo  a la  guerra  restauradora  ofrecido  por los grupos anticolonialistas haitianos luego que, la República Dominicana fuera víctima de la anexión a España, ejecutada por su mentor Pedro Santana y Familia; así  como  el  mutuo apoyo  que  se  dieron  grupos  independentistas surgidos en ambos  países, .luego de la ocupación  militar  estadounidense  en julio de 1915 y mayo de 1916, en Haití y República Dominicana, respectivamente . También recibimos el apoyo de un comando revolucionario haitiano que resistió contra la intervención de 1965 en nuestro país.

Todo   lo cual indica que, aunque circunstancias históricas han enfrentado al pueblo  dominicano  a dictadores haitianos, no se trata, sin embargo de una rivalidad entre ambos  pueblos .Todo lo contrario, históricamente   han  luchado mancomunadamente   en  contra  de  las dictaduras  y el colonialismo.  Los trinitarios y los reformistas haitianos unificaron a ambos pueblos contra la dictadura boyerista, dando al traste con su derrocamiento. 

3.- Origen  del  prejuicio  antihaitiano.

Paradójicamente, lo que no logra la guerra dominico-haitiano (enemistar a  ambos  pueblos)  lo consigue  una  campaña,   ideológicamente  dirigida  por  la tiranía  trujillista  con la finalidad  de estigmatizar  a los haitianos  como seres inferiores.

Con el instrumento propagandístico de: dominicanización  de  la frontera, el sátrapa Rafael L. Trujillo apadrinó y promovió miles de asesinatos (no se sabe con precisión  cuantos)  de niños, mujeres y adultos de todas las edades.

La justificación   que  se dio  a tales  crímenes  se fundamentó  en la necesidad de repeler   un supuesto  plan  de  los  haitianos  de  invadir  al  país. Cuando  en  realidad  se trataba de un  proceso migratorio que tiene su explicación en las condiciones socioeconómicas que históricamente  padece la mayoría de pobladores de la vecina Nación.

La  ideología  anti-haitiana  quedó  plasmada  en  la  mentalidad  de  una importante  proporción de  la población  dominicana, al  permear  la  actividad política,  laboral y social en sentido general.  Al extremo de que, las labores relativas  a  la  industria  azucarera, llegaron  a  verse como  un  trabajo  de haitianos; asociado a bajos salarios y a los malos tratos. En la contratación de braceros haitianos hubo complicidades entre los dictadores, Trujillo y Duvalier las cuales se traducían en beneficios económicos para ambos.

En razón de que, durante la dictadura se aplicaron medidas, que lejos de solucionar el problema lo complicaron, a la muerte del tirano, el diferendo migratorio resurge como un rompe-cabezas que encontró desprovistas a las autoridades estatales, de estrategias y políticas migratorias que regimentaran adecuadamente un proceso inevitable, entre países limítrofes y de una frontera tan extensa y vulnerable, como la que separa a ambos Estados.

Desde entonces, la ineptitud gubernamental, secundada por una indiferencia olímpica de sectores de poder que obtienen pingües beneficios del tráfico ilegal e irregular de inmigrantes haitianos, ha sido la práctica más recurrente.

Con el advenimiento de regímenes democráticos en ambos países a partir de la década de los 80, sobre todo durante el gobierno de Jean Beltrán Aristide (1991) la situación se hizo más tirante, pues mientras el gobierno haitiano reclamaba respeto a los derechos humanos y laborales para una diáspora cuyo ingreso al país era irregular, el gobierno dominicano apelaba a las repatriaciones como una forma de, a la vez que ejercía un legítimo derecho, respondía a la presión social que esta población ejerce en una economía como la dominicana, incapaz de satisfacer adecuadamente las necesidades materiales de sus nacionales.

La  situación  migratoria  hoy

No hay duda de que, el mayor escollo que enfrenta la aplicación de una política migratoria efectiva radica en la   falta de voluntad política y de una adecuada coordinación interinstitucional de las diversas instancias estatales responsables de manejar el problema. Al respecto, las responsabilidades  institucionales  son como sigue:

∙         La Dirección  General de Migración es la instancia a quien corresponde el  diseño de  las  políticas  y  estrategias  requeridas  para  controlar  el problema. Sin embargo sólo se ocupa de dirigir procesos de deportaciones eventuales y/o coyunturales.

∙         El Ministerio de Estado de Relaciones Exteriores es el que otorga las visas de ingreso al país.

∙         El Ministerio de Defensa  se  ocupa  de  la vigilancia fronteriza a fin de impedir la inmigración ilegal.

∙         El Ministerio de  Estado de Trabajo es  a  quien corresponde la contratación de los inmigrantes.

Estas cuatro instituciones podrían realizar una labor más encomiable si trabajaran  en coordinación. Pero dado lo  dispersas  de  sus operaciones, desconectadas cada una cada una respecto a la otra, el problema se torna cada día  más  complejo, máxime  en  circunstancias en  que  instituciones  de  la sociedad civil haitiana y de derechos humanos, aprovechan las repatriaciones a   las  que   el  país tiene          derecho, para denunciarlo ante la  comunidad internacional , por violación  a los derechos humanos.  Haciendo  un  ejercicio similar al que en la década de los 90 ‘s hizo Jean Beltrán Aristide cuando acusó a la República Dominicana ante la Asamblea de las Naciones Unidas de someter a la esclavitud a sus compatriotas.

Hasta 1980 el sistema migratorio estuvo basado en un esquema de participación bilateral en el que, ambos países se hacían compromisarios de sus nacionales. El gobierno dominicano pagaba a su homólogo haitiano, alrededor  de 2  millones de pesos por contrato anual. [1]

No obstante, hay una ostensible diferencia entre el proceso migratorio  que  se realizaba entre ambos Estados ante de los 70 ‘s, y el proceso que inicia a partir del final de  dicha década.  El primero se basaba en el empleo de mecanismos represivos  y  de  restricción  estatal; mientras  que  en  la  actualidad  los inmigrantes  acuden  al  mercado  laboral  a  través  de diversos  mecanismos de acceso, entre los que están:

∙         Las redes informales de amigos y familiares.

∙         Consulados fantasmas que venden visas falsas.

∙         Los controles fronterizos.

∙         Agentes de migración, encargados del control interno.

∙         Los buscones que ubican a los trabajadores.

Los procedimientos de repatriación como mecanismo de remedar el problema, se revela cada día como más ineficaz, puesto que, de lo que se trata es, no de nuevas repatriaciones sino de políticas efectivas para controlar la inmigración, la entrada ilegal al país.

A pesar de los innegables prejuicios y el discrimen de que son víctimas los nacionales haitianos en nuestro país, es preciso decir que, en la mayoría de los casos no ocurre solo por el origen étnico-racial de los inmigrantes, sino también por su origen económico-social dado que, a los trabajadores dominicanos de origen humilde también se les explota, la diferencia respecto a los haitianos es que, los dominicanos pobres que operan bajo condiciones similares, paradójicamente nadie los defiende, pero a los haitianos sí.

Las sanciones de la comunidad internacional sobre Haití: un arma de doble filo

Dado la recurrente crisis institucional que afecta la gobernabilidad en el vecino país, en el pasado reciente, la comunidad internacional respondía, por lo regular con sanciones económicas, que lejos de resolver, empeoraban la situación del empobrecido país, privándolo de la posibilidad de percibir las ayudas que mitigan su miseria. Estas medidas se tradujeron en un elemento de estímulo a la inmigración hacia la República Dominicana, contribuyendo a aumentar la presión social sobre el Estado.

Desde  los  estamentos  oficiales  de  poder, la  crisis  migratoria  se ha manejado a partir de dos esquemas   diferentes, frente  a  la  comunidad internacional.

Las administraciones del presidente Leonel Fernández propugnaron por la implementación de planes de desarrollo conjuntos entre ambos Estados, canalizados a través de los ordenadores de Lomé IV o Acuerdo de Cotonou de los respectivos  países. Dichos  acuerdos  incluyeron planes  de desarrollo agrícola, medio ambiente y/o recursos naturales; así como en el orden sociocultural: salud, educación, cultura, deportes y agua potable.  No hay dudas de que de aplicarse, tal esquema hubiese  repercutido favorablemente en una evolución cultural, económica, política y social con impacto en ambos pueblos.

Por  su lado, la administración  del presidente  Mejía promovió  ante la comunidad internacional la aplicación de un esquema de desarrollo que tomó en cuenta básicamente  la inversión en Haití, como una forma de contribuir al desarrollo de las potencialidades de los haitianos en su propio territorio.

En este orden, el presidente Mejía  abogó por un programa de desarrollo binacional, ajustado a los intereses de ambos países, a partir de la conversión de  la  deuda  externa  de  los  dos Estados,  en  una  inversión  directa  hacia  el desarrollo.  A tales fines se creó mediante decreto la Comisión Pro-fondos de Desarrollo  Fronterizo República Dominicana- Haití.

Ambos  esquemas no son contradictorios, sin embargo, hay que aclarar que, una  cosa  es propiciar  la  solución  del  problema  inmigratorio  a  partir  de proyectos conjuntos en que participen ambos países, y otra muy distinta es promover la inversión en el país limítrofe, como forma de crear las condiciones infraestructurales hacia la solución de sus problemas, independientemente  de la mancomunidad  dominicana.

Es hora de asumir actitudes responsables, sin dobleces; pues aunque el destino histórico entre ambos pueblos está  indisolublemente  ligado,  la solución de los problemas de Haití es responsabilidad de la comunidad internacional en cuya acción la República Dominicana debe jugar un rol protagónico en la búsqueda de soluciones, por razones muy obvias.

Además, una   expresión   de  la  gravedad   del   conflicto  migratorio actual lo constituyen   los   recientes   brotes   de   xenofobia,   que   aunque   aisladas, representan   un  signo   de   alarma   en   una   sociedad   que   fue   inducida  sistematicamente  por  la dictadura  trujillista  a  considerar  a los inmigrantes haitianos como un problema que había que enfrentar de manera violenta .

La  instigación  y  la  propagación  de  las  mal  querencias  ínter-étnicas orquestadas por sectores  de  la  intelectualidad  dominicana  y  haitiana,  es un ingrediente  perturbador  que incide  en  la profundización  del  conflicto;    al extremo de que, un hecho de violencia aislado provoca reacciones colectivas de rechazo indiscriminado a la comunidad haitiana, residente en el lugar del conflicto, como lo revela el caso de Hatillo Palma en el pasado reciente.

Finalmente conviene advertir que, dado la globalización de la delincuencia, muchos nacionales haitianos en la República Dominicana, sobre todo en estado de ilegalidad, se han convertido en una amenaza que se agrega al maltrecho régimen de seguridad que nos afecta, lo que significa un mayor desafío en términos de redoblar la vigilancia. En la actualidad, los propios centinelas de la frontera han sido agredidos por turbas haitianas, que incluso los han desarmado. Urge por tanto, que el Estado asuma su responsabilidad en la ejecución de una política migratoria conforme lo establecen las leyes, y descontinuar la práctica basada en deportaciones eventuales y /o coyunturales.