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Con base en el censo del año 2010, la población dominicana era de aproximadamente 10 millones de habitantes. De estos, el 35.3% se encontraba entre los 15 y 34 años de edad. Ya para el 2019 se estimaba que la tendencia se mantenía con un 34% de la población entre los 15 y 35 años (rango de edad de la juventud según la Ley 49-00), y el 62% es menor de 35 años.
Asimismo, según la 2da. Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2017) se estimó que el 36% de la población de origen extranjero (incluyendo a personas nacidas en el país de padres o madres extranjeros/as) tiene edades entre los 15 y 34 años, y que el 61 por ciento no alcanzaba los 35 años de edad.
En términos demográficos, el 72.7% de la población joven se encuentra residiendo en las zonas urbanas, en su gran mayoría como migrantes internos empujados(as) hacia las ciudades donde se concentra el mayor nivel de oportunidades de educación, salud y empleo. Es que según los datos del Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana al año 2020 aproximadamente el 23.9% de la población entre los 15 y 34 años vive en pobreza monetaria y un 3.5% en indigencia monetaria.
La República Dominicana goza en este momento de un gran bono demográfico que le otorga la gran oportunidad de innovar y orientar su plan de desarrollo de manera satisfactoria, si aprovechase esta población económicamente activa, y se tradujera en participación económica. Pero en términos reales la situación es totalmente contraria: el país ocupa entre los primeros lugares de desempleo juvenil de la región de América Latina y el Caribe con una tasa promedio de un 29% de desocupación, cuando la media es un 17%.
A su vez, los medios y mecanismos de acceso al empleo no responden a las necesidades de esta población, quienes se enfrentan a un sin número de obstáculos, dentro de los que se destaca: bajos niveles educativos; baja oferta de puestos de trabajo en sectores productivos; una poca o nula experiencia laboral; la falta de referencias que les avalen frente a potenciales empleadores; la carencia de documentación legal “completa” (incluyendo acta de no antecedentes penales/papel de buena conducta); el nepotismo y la corrupción; y el estigma impuesto sobre la juventud.
Este prejuicio sobre la juventud no sólo afecta su acceso al empleo, sino que también les relega por un lado a una ambigua mirada de generadores de conflictos y potenciales criminales. De hecho, el discurso dominante de los tomadores de decisiones les asume como tal. Por otro lado, esta población se enfrenta a una segunda mirada como “el futuro promisorio” bajo el falso espejo de ser el relevo generacional, donde su rol activo de liderazgo podrá ser asumido una vez que los actores tradicionales salgan del juego social y/o político (en muy escasos casos a la par).
Amín Matías Vásquez es politólogo y Coordinador Nacional de Juventud del Centro Montalvo.
